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México Avanza hacia un Aumento del Impuesto al Juego del 30% al 50%

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El Comité de Estudios Legislativos del Senado de México ha aprobado el Paquete Fiscal Misceláneo 2026, que incluye un aumento significativo en los impuestos sobre las actividades de apuestas y juegos. Este movimiento acerca al país a la aceptación de parte del plan económico 2026 de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es aumentar el impuesto sobre las apuestas y las operaciones de casinos en línea del 30% al 50%.

La intención detrás de los nuevos impuestos es doble: fortalecer las finanzas públicas y desalentar comportamientos sociales perjudiciales. Según el comité, una parte de los ingresos adicionales generados se destinará a iniciativas de salud pública, financiamiento de hospitales y programas de educación preventiva.

Curiosamente, la legislación propuesta también establecería un nuevo Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del 8% para los videojuegos que contengan contenido violento, una categoría que anteriormente estaba exenta. El IEPS se dirige a bienes y servicios considerados perjudiciales para el bienestar público, como el tabaco, el alcohol, el juego y ahora, los videojuegos violentos.

El aumento propuesto en los impuestos ha sido un tema de discusión en el país desde hace algún tiempo. Fue el mes pasado cuando se propuso aumentar los impuestos al juego al 50%, una medida con la que la industria parece descontenta, pero que está en línea con lo que muchos otros países han hecho en los últimos años.

La Cámara de Diputados aprobó la propuesta a principios de este mes, y ahora se traslada al Senado para debate y votación plenaria antes de la fecha límite del 31 de octubre. Si se aprueba sin enmiendas, la legislación se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

¿Cuál es la Justificación del Gobierno para el Aumento Sustancial de Impuestos?

Los legisladores argumentaron que el Estado tiene la obligación constitucional de proteger la salud de los ciudadanos y garantizar que los ingresos fiscales se reinviertan para reducir la desigualdad social. El presidente del Comité de Estudios Legislativos del Senado subrayó que estas medidas deben entenderse como un ejercicio de responsabilidad pública, en lugar de una respuesta a la oposición de la industria.

Durante la sesión del martes, el comité destacó que los aumentos de impuestos no son ni arbitrarios ni políticamente motivados, sino consistentes con prácticas fiscales internacionales destinadas a promover la salud de la población. Los miembros también enfatizaron la necesidad de una regulación completa de las apuestas y juegos en línea dentro de México, buscando poner fin a lo que describieron como un patrón de operadores extranjeros que obtienen ganancias a nivel nacional sin contribuir a la base impositiva nacional.

Además, los funcionarios afirman que el aumento propuesto de impuestos tiene como objetivo aumentar los ingresos y ayudar a reducir el déficit presupuestario, proyectado en un 4.1% del PIB. La medida también busca alinear los juegos de azar con otras actividades socialmente perjudiciales ya sujetas a impuestos, como el tabaco y las bebidas azucaradas. Todos estos sectores son gravados tanto para recaudar fondos como para mitigar su impacto social.

Por otro lado, algunos críticos argumentan que el aumento del impuesto podría llevar a un crecimiento del mercado negro, ya que los jugadores podrían recurrir a plataformas ilegales para evitar las cargas fiscales más altas. Además, existe la preocupación de que las empresas de juegos más pequeñas podrían tener dificultades para mantenerse a flote bajo la nueva carga impositiva, lo que podría reducir la competitividad en el mercado.

Desde el punto de vista de los operadores de juegos, aumentar los impuestos tan drásticamente podría ponerlos en desventaja competitiva frente a sus homólogos internacionales. Algunos en la industria sostienen que una carga fiscal tan alta podría desincentivar la inversión en el país y obstaculizar la innovación dentro del sector.

No obstante, los defensores de la medida insisten en que los ingresos adicionales son esenciales para financiar servicios públicos críticos y abordar problemas sociales apremiantes. Dicen que, aunque el camino puede ser difícil, el objetivo final es crear una sociedad más equitativa y saludable. “Es un sacrificio necesario para el bien común”, resonaba el sentimiento en el comité, subrayando que cada paso dado está diseñado para beneficiar al país en su conjunto.

Este debate pone de relieve las tensiones inherentes entre la necesidad de ingresos fiscales robustos y el impacto potencial en una industria en crecimiento. A medida que el Senado se prepara para su voto final, todos los ojos están puestos en cómo equilibrará estos intereses en competencia para encontrar una solución que beneficie tanto al gobierno como a sus ciudadanos.